Ley de Inocencia Fiscal: qué cambia y cómo impacta en el mercado inmobiliario

La reciente entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal marca un cambio profundo en la relación entre los contribuyentes y el Estado, con efectos directos sobre la operatoria inmobiliaria. La norma introduce un nuevo marco de presunción de buena fe, simplificación de trámites y mayor previsibilidad fiscal, elementos clave para dinamizar el mercado de compra y venta de propiedades.

Uno de los puntos más relevantes para el sector inmobiliario es la regularización de ahorros no bancarizados bajo reglas más claras y menos punitivas. Esto puede facilitar operaciones inmobiliarias, especialmente en contextos donde los fondos provienen de ahorros personales acumulados en el tiempo. Sin embargo, es importante aclarar que las normas de prevención de lavado de dinero no se modifican: los bancos continúan obligados a analizar el origen de los fondos, y la adhesión al régimen fiscal no exime de esos controles.

La ley también eleva significativamente los montos mínimos para que exista delito penal tributario. A partir de ahora, la evasión simple se configura recién desde los $100 millones, y la agravada desde los $1.000 millones. Esto reduce la criminalización de errores formales o diferencias menores y aporta mayor tranquilidad a propietarios e inversores.

Otro cambio clave es la creación de la declaración jurada simplificada, destinada a personas humanas con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones, siempre que no sean grandes contribuyentes. Quienes adhieran y cumplan correctamente acceden a un efecto liberatorio, quedando protegidos frente a reclamos fiscales futuros sobre esos períodos, salvo casos de documentación falsa o facturación apócrifa.

Además, se reducen los plazos de prescripción: para contribuyentes cumplidores, el fisco tendrá solo tres años para revisar declaraciones, en lugar de cinco. Esto aporta mayor seguridad jurídica, un factor decisivo al momento de vender una propiedad o planificar una inversión inmobiliaria.

En síntesis, la Ley de Inocencia Fiscal no elimina controles, pero sí establece reglas más claras, previsibles y modernas. Para el mercado inmobiliario, esto se traduce en menos incertidumbre, más operaciones y mayor profesionalización. Como siempre, la clave estará en el asesoramiento integral para aprovechar estas herramientas dentro del marco legal vigente.